Es fundamental recordar al gobierno de Javier Milei que la doctrina internacional de los derechos humanos brinda una amplia protección al derecho a la protesta, consagrado en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Argentina enfrenta una grave crisis económica, sumada a la decisión del partido de gobierno de llevar a cabo reformas que impactarán en diversos sectores, anticipando un período de considerable conflictividad social en los próximos años. En semanas recientes, varios actores sociales anunciaron su intención de confrontar los cambios mediante movilizaciones y medidas de fuerza que podrían afectar la convivencia en el espacio público. En respuesta, el gobierno difundió un protocolo que regula el ejercicio del derecho a la protesta el jueves 14 de diciembre.
En este contexto, es esencial recalcar al gobierno de Javier Milei que la doctrina internacional de los derechos humanos protege extensamente el derecho a la protesta, como establece el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su Observación General N. 37. Esta protección se extiende a cualquier actividad pacífica realizada por los ciudadanos en el espacio público. El derecho a la protesta solo puede ser restringido para prevenir actos violentos, peligros a la seguridad o las libertades de los demás, o perturbaciones graves y sostenidas. En estos casos, el uso de la fuerza por parte de las autoridades debe ser estrictamente necesario y proporcional al objetivo de dispersar la reunión o prevenir un delito.
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Asimismo, en períodos de alta fragilidad institucional, es crucial subrayar que el ejercicio del derecho a la protesta debe ser llevado a cabo con la mayor responsabilidad posible, minimizando su impacto sobre los derechos de los demás, incluyendo especialmente el derecho al trabajo, la salud y la educación. El derecho a la protesta no justifica la destrucción de propiedad pública o privada ni la promoción deliberada del caos para socavar la gobernabilidad de un gobierno constitucional. En una sociedad democrática, los ciudadanos son libres de expresar su desacuerdo con las políticas implementadas por las autoridades, pero la última palabra recae siempre en las instituciones representativas, únicas depositarias de la voluntad democrática y legitimadas para administrar y dirimir desacuerdos. La preservación de los consensos democráticos en la crítica situación de la República Argentina es responsabilidad no solo del gobierno, sino también de los partidos de oposición, sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación, formadores de opinión, organismos de derechos humanos y la ciudadanía en su conjunto.