Dirigentes de diversos sectores de la oposición expresaron su desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei de emitir un decreto para desregular la economía, poniendo en tela de juicio su legalidad.
Tras el mensaje en cadena nacional, dirigentes de diversas fuerzas políticas cuestionaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el Jefe de Estado, Javier Milei. Mientras los cacerolazos resonaban frente al Congreso y en diferentes puntos del país, las redes sociales se inundaban de repercusiones.
El diputado nacional por Buenos Aires, Alejandro «Topo» Rodríguez, afirmó que el DNU de Desregulación de Milei es inconstitucional y que el Presidente de la Nación carece de facultades para derogar esa serie de leyes. En tanto, desde Unión por la Patria anunciaron que se reunirán para evaluar el alcance del decreto firmado por el presidente.
El bloque de Diputados de Unión por la Patria consideró el decreto como un «brutal avasallamiento de las facultades del Congreso» y advirtió que avalarlo significaría otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas por el artículo 29 de la Constitución. Subrayaron que el DNU es de nulidad insanable y tildaron de infames traidores a la Patria a quienes lo aprueben.
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La diputada del GEN, Margarita Stolbizer, evaluó que las medidas anunciadas van en contra de la institucionalidad y el estado de derecho. Criticó que el Presidente utilice la cadena nacional para denostar a la política y a los políticos, rodeado de ellos y sin asumir su condición.
Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, puso en duda la excepcionalidad del DNU al afirmar que no cumple con los requisitos constitucionales. Aseguró que su partido realizará una evaluación detallada de cada ley derogada o modificada y cuestionó que el presidente, teniendo la opción de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optara por arrogarse facultades legislativas.
Myriam Bregman, excandidata presidencial de Frente de Izquierda, calificó el DNU como un «plan de guerra contra el pueblo trabajador» convocó a un paro nacional activo. Nicolás Del Caño llamó a rechazar el DNU y el ajuste de Milei contra el pueblo trabajador, pidiendo a la CGT y las CTAs convocar a un paro nacional.
Graciela Ocaña, legisladora porteña de Confianza Pública, criticó que entre las derogaciones no se incluyeran las jubilaciones de privilegio de los presidentes, vicepresidentes y el clero, ni se diera por terminado los aportes compulsivos de los trabajadores a los sindicatos.
Varios líderes políticos, como Martin Soria, Vilma Ibarra, y Agustín Rossi, se sumaron a las críticas, calificando el DNU como una aberración jurídica, una violación de la Constitución, y un avasallamiento de la misma, respectivamente. Cada uno expresó su preocupación por los posibles efectos negativos en la economía y la sociedad